La Corte Suprema y un aporte a la regresión

En 1943 Jorge Luis Borges concluye el ensayo “Tiempo circular” afirmando que “en tiempos de auge la conjetura de que la existencia del hombre es una cantidad constante, invariable, puede entristecer o irritar; en tiempos que declinan (como éstos), es la promesa de que ningún oprobio, ninguna calamidad, ningún dictador podrá empobrecernos”.

Estamos en tiempo de regresión; en especial en Occidente. Las vertientes progresistas y liberales del pensamiento y sus respectivos proyectos históricos están siendo impugnados y, en varios casos, hay evidencias concretas de restauración conservadora y reflujo autoritario. A la ausencia de confianza en un futuro emancipador y promisorio se la denomina incertidumbre; término vago que contribuye, en realidad, a disimular el avance de fuerzas, prácticas y discursos reaccionarios. Esta época regresiva se manifiesta específicamente en el terreno de los derechos y se justifica, por lo general, denunciando un “exceso”. El argumento no es nuevo y resulta relativamente sencillo: habría una sobrecarga de demandas, aspiraciones, movilizaciones y cuestionamientos a favor de más justicia y mayor equidad ante los cuales los sistemas políticos y económicos no pueden responder con resultados efectivos debido al auge de la desigualdad social, la concentración material y el debilitamiento institucional en medio de una globalización asimétrica. En otras palabras, habría demasiados derechos adquiridos y reclamados que no se pueden satisfacer por lo cual solo queda recortarlos y/o reprimirlos. Derechos laborales, igualdad de género, derechos culturales, migratorios, ecológicos y colectivos, deben, bajo la lógica del “exceso”, ser limitados y/o revocados.

A ello se suma la pos-legalidad en el ámbito del derecho internacional que se manipula, se desconoce o se quiebra a expensas de los intereses estratégicos de las grandes potencias –en particular, occidentales– que operan con escasa rendición de cuentas y con perpetuo despliegue militar. Lo dicho se manifiesta, especialmente, respecto al uso arbitrario de la fuerza y a la distorsión del principio de la Responsabilidad de Proteger. Los pos-legal ha creado, incluso, un nuevo lenguaje que refuerza el desprecio por los derechos: a la tortura se la llama “técnicas acrecentadas de interrogación”; al secuestro extraterritorial de personas se la llama “entrega extraordinaria”; y a las guerras punitivas se las llama “acción militar cinética”.

No es sorprendente entonces que informes tan diferentes como los del Economist, Freedom House, Bertelsmann Foundation, Transnational Institute, Consejo de Europa, IDEA Internacional, entre otros, destaquen, año tras año, el deterioro global de la democracia. En esencia, ante un sistema político sobrecargado se incrementa el imperativo del “ajuste”. Esto es; la reducción y el menoscabo de los derechos. Es como decir basta de empoderar a las mujeres, de igualar a las sexualidades diversas, de proteger a los refugiados, de defender el multiculturalismo, de resguardar el medio ambiente, de socorrer a los vulnerables.

Partidos de ultraderecha, grupos tradicionalistas de estirpe retrógrada, movimientos que idealizan un pasado presuntamente superior, líderes que prometen un gran resurgimiento patriótico, devotos del fundamentalismo ideológico, partidarios del orden, y voces que maldicen el cosmopolitismo, emergen con un inusitado vigor y visibilidad en la vida pública. En ese contexto, el malestar, el desasosiego y la exasperación ciudadanas se canalizan y expresan de distintas formas: el brexit británico, el no al plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia, el triunfo de Trump en Estados Unidos, el renovado impulso de las derechas en Europa, la reafirmación de la islamofobia, el incremento de la xenofobia, el aumento del antisemitismo en Europa y Estados Unidos, el acrecentamiento, durante las últimas tres décadas, de la abstención en las votaciones de las denominadas democracias consolidadas, entre otros.

La Argentina en estos días se hizo presente con el fallo de la Corte Suprema en el caso Muiña. Esa decisión sintoniza con el espíritu de esta época. Desde 1983, la Argentina política, con sus aciertos, desaciertos y vicisitudes, ha sido identificada, en la región y el mundo, por su apuesta decidida por los derechos humanos. Por ser un ejemplo emblemático y perseverante de búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia. Sin venganza ni virulencia. Hoy, cualquiera sea la lectura jurídica del fallo, el máximo tribunal parece inclinado a hacer su temible contribución a este período. La respuesta inmediata, creciente, transversal y tangible de múltiples actores políticos y sociales contra el fallo ha puesto en evidencia un reflejo importante de las energías democráticas en la sociedad argentina. Se necesita una coalición muy amplia y plural para evitar el retroceso, en materia de derechos, que ya se observa y consolida en muchas latitudes.

Pero la sola resistencia no será suficiente. Y en ese sentido es clave advertir lo que hay en juego: acá y a nivel mundial asistimos a un momento que, que como aquel que denunciaba Bertolt Brecht en 1936, es ejemplo de inquietantes regresiones y atrofias. Como bien él subrayó, “las malas condiciones pueden durar lapsos increíblemente prolongados”, y por lo tanto, “contando con los medios apropiados para ello, es posible organizar la estupidez en gran escala”.

Compartir

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*