Una tarea para los mejores*
El edificio del Banco Central de la República Argentina es una verdadera curiosidad. Tras las dos fachadas de las calles Reconquista y San Martín, que no concuerdan demasiado, coexisten no uno sino varios edificios de diferentes orígenes, conectados por una maraña de ascensores y escaleras casi imposible de desmadejar. La tentación de comparar ese inmueble descontrolado con su cuestionado directorio es inevitable, sobremanera porque el ejercicio de control de legalidad recae en cabeza de un pariente directo del ex presidente de la República, práctica no prohibida por la Carta Orgánica, pero que pone los pelos de punta a cualquier iniciado en el derecho y la política.
En tiempos en que ejercía la sindicatura del banco, invité a almorzar a un querido compañero de la facultad. El recinto elegido tenía para nosotros un significado especial: se trataba de la vieja sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, anterior a la construcción del Palacio de Tribunales, que también allí había dejado fantasmas del pasado. Hurgamos con el invitado sobre nuestras carreras y destinos; en algún momento surgió la pregunta sobre los dineros obtenidos del ejercicio de nuestra profesión y escuché su definición implacable: «A mí me ha ido mucho mejor, porque vos desperdiciaste gran parte de tu tiempo defendiendo al Estado, en cambio yo me la he pasado litigando contra él».
Mejor descripta la industria del despido con el Estado como víctima en cualquiera de sus niveles (nacional, provincial, municipal), imposible. Sea por el mal manejo de la cosa pública, por la desidia, por el dolo o como resultado de una extraña ligazón entre ciertos funcionarios y algunos empresarios, el Estado siempre paga, tarde, temprano, en efectivo o en especie, el capital, los intereses y los honorarios que se le reclaman. Valga el ejemplo: existen, en la actualidad, trescientos cinco mil juicios en los que el Estado nacional es demandado; de ese total, ciento ochenta y cinco mil ochocientas veintisiete causas suman un total reclamado de más de diecinueve mil millones de pesos. En los restantes el reclamo es sin monto o de monto indeterminado. No se incluye allí a entidades públicas no estatales, como el PAMI, que soporta setecientos cuarenta y un juicios como demandado por un total reclamado de trescientos sesenta y nueve millones. Diecinueve mil millones, el 10% de la deuda externa, una porción importante del producto bruto aún discutido en Tribunales, gran parte del cual pudo evitarse con una administración sana o por el mero expediente de no dejar para el funcionario que viene la resolución de lo que uno puede hacer en el momento oportuno. Trescientos cinco mil juicios arrojados al destino o, con lo que Angel Ossorio y Gallardo denominaba «graciosa causticidad», don Francisco Silvela refería como «el majestuoso y respetable azar de la justicia humana». Aquél agregaba: «en cuanto estas injusticias nos preocupen, perderemos la brújula para lo por venir o caeremos rendidos con una sensación de asco».
¿Qué hacer? ¿Dejamos a jueces y abogados la resolución de tamaña suma, que hace tambalear, en un país subdesarrollado, cualquier sistema económico financiero que se piense hacia el futuro? Cómo pagarlo ya lo hemos resuelto. Las dos leyes de Emergencia Económica, 23.697 y 25.344, cambiaron dinero por bonos, aunque la segunda tuvo dos precisiones que la primera no tenía: sumó a la emergencia económica la financiera, y ha puesto en cabeza del señor procurador del Tesoro facultades mejores en la defensa del erario. Lo que no hemos resuelto es el fondo y parece que una Justicia colapsada en su desempeño, al menos la patrimonial, no es el instrumento adecuado para poner fin al asunto.
Se hace necesario -es sólo una idea para el debate, un concepto primario, casi rudimentario no suficientemente elaborado- el dictado de una ley que disponga la formación de comités de expertos, por materias que determinen la cuantía de las deudas, la verosimilitud de los reclamos, el ordenamiento escalonado hacia el futuro, dentro de un orden de prelación. Demasiado se ha achicado ya el Estado para que la incertidumbre obste a su reconstrucción. Esos comités debieran estar integrados por los mejores técnicos y presididos por los mayores juristas, y sus dictámenes, inapelables. El alivio del Poder Judicial no necesita ser demostrado, y la planificación de un modelo de desarrollo futuro, tampoco. A la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedará reservada, desde luego en última instancia, la determinación de la constitucionalidad de esa ley. Es obvio; como decía Charles Evans Hughes: «Nos rige una Constitución, pero ella sólo es lo que los jueces dicen que es».
* Publicado en La Nación el 17 de marzo de 2001, meses antes del diluvio. El autor era por entones presidente del Instituto para el Desarrollo Inclusivo (IDI) e Interventor Normalizador del PAMI.